Genocidio en contra la minoría musulmana rohinyá sigue impune

En enero de 2020 se pudo conocer un fallo unánime, los magistrados del máximo tribunal de las Naciones Unidas dispusieron que el Gobierno birmano debe tomar medidas para resguardar a la minoría musulmana rohinyá de la violencia genocida y que no destruya la evidencia de crímenes ya ocurridos. Gambia fue el país que llevó el caso a este tribunal.

Por Rafael Contreras Varela 

 

El genocidio ocurrido en contra  la minoría musulmana rohinyá debe ser investigado  por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional porque existen fundamentos suficientes para la  apertura y definición de este crimen cometido en contra de esta etnia religiosa.

 

En primer lugar, se  debe constatar que Birmania sea Nación parte del Estatuto de Roma, cuya  base legal internacional sanciona cuatro crímenes, el genocidio, lesa humanidad, agresión y guerra. De no ser parte, la fiscalía de la CPI solicitará autorización de los jueces para abrir un examen preliminar.

 

En segundo lugar, para la apertura del examen preliminar debe haber petición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, algún estado parte del Estatuto de Roma. En caso de considerar los fundamentos para creer que en Birmania se cometieron crímenes de genocidio, lesa humanidad, la fiscalía apertura la investigación formal.

 

Es indispensable que este hecho se materialice, que no quede en el inmenso mar de la  impunidad; es vital que la fiscalía cumpla su función de sancionar individualmente a los individuos los cuales cometieron estos crímenes.

Contexto: Gambia vs Myanmar 

El caso fue presentado a la Corte en noviembre de 2019 por Gambia, que argumentó que Myanmar ha perpetrado y sigue perpetrando actos genocidas contra los rohinyá, a quienes describe como “un grupo étnico, racial y religioso que vive principalmente en el estado birmano de Rakhine”.

Gambia asevera que el ejército y las fuerzas de seguridad birmanas, así como individuos que operan bajo su tutela, han violado y ejercido otras formas de violencia sexual, además de torturar, golpear, infligir crueldad y destruir o privar de alimentos y vivienda a esa minoría musulmana.

Myanmar, por su parte, negó todas las imputaciones hechas por Gambia y acusó al país africano de actuar como “agente” de la Organización para la Cooperación Islámica.

Sin embargo, la Corte consideró que al menos algunos de los actos denunciados por Gambia podrían transgredir las provisiones de la Convención contra el Genocidio.

El genocidio rohinyá​​ fue real y se refiere  a la operación de limpieza étnica llevada a cabo por el ejército y la policía de Birmania, de mayoría budista, y por civiles budistas rakéin contra los musulmanes rohinyá en el estado de Rakáin, al noroeste del país.